REFORMA AL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION

La autoridad fiscal contara con nuevas herramientas para combatir las practicas tendientes a erosionar la base del impuesto sobre la renta mediante la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Esta nueva facultad será realizada a través de la información de la base de datos con la que cuenta el Servicio de Administración Tributaria pudiendo identificar a los contribuyentes que tengan derecho a la disminución de perdidas fiscales y han sido parte de una restructura, escisión o fusión de sociedades y/o cambio de accionistas.

De la exposición de motivos a la adición del artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación se desprenden datos interesantes sobre las perdidas fiscales declaradas en distintos ejercicios, información que resulta interesante para conocer el ¿Por qué De esta adición?

Ahora bien, no obstante las diferentes reformas que ha sufrido la Ley del Impuesto sobre la Renta para restringir la transmisión y uso indiscriminado de las pérdidas fiscales, el Servicio de Administración Tributaria ha observado una tendencia al alza en la determinación de las pérdidas fiscales, toda vez que en el ejercicio fiscal de 2007 se declararon pérdidas fiscales por los contribuyentes en el orden de 328 mil 459 millones de pesos y para el ejercicio fiscal de 2016, esta cifra alcanzó los 848 mil 411 millones de pesos, lo que representa un incremento del 258 por ciento. Por otra parte, para el ejercicio 2007 el saldo pendiente de disminuir de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores fue del orden de los 1,229,578 millones de pesos, mientras que para el ejercicio de 2016 dicha cifra alcanzó los 2,220,156 millones de pesos, lo que representa un incremento del 180 por ciento…

De lo citado se observa el incremento indiscriminado de las pérdidas fiscales reportadas al Servicio de Administración Tributaria en el año 2007 se reportaron perdidas de 328 mil 459 millones de pesos y para el año 2016 la cifra alcanzo 2,220,156 millones de pesos, observándose claramente el aumento de las pérdidas fiscales.

Sobre el mismo tema, de la lectura al artículo 69-B Bis es interesante lo señalado en el segundo párrafo, ya que en este se establecen limitantes a la autoridad en el sentido de que deben cumplirse diversas situaciones para hacer presuntivas la transmisión indebida de pérdidas fiscales estipulándose seis fracciones, mismas que nos permitimos citar:

  1. Obtenga pérdidas fiscales en alguno de los tres ejercicios fiscales siguientes al de su constitución en un monto mayor al de sus activos y que más de la mitad de sus deducciones derivaron de operaciones realizadas con partes relacionadas.
  2. Obtenga pérdidas fiscales con posterioridad a los tres ejercicios fiscales declarados siguientes al de su constitución, derivadas de que más de la mitad de sus deducciones son resultado de operaciones entre partes relacionadas y las mismas se hubieren incrementado en más de un 50 por ciento respecto de las incurridas en el ejercicio inmediato anterior.
  • Disminuya en más del 50 por ciento su capacidad material para llevar a cabo su actividad preponderante, en ejercicios posteriores a aquél en el que declaró la pérdida fiscal, como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de sus activos a través de reestructuración, escisión o fusión de sociedades, o porque dichos activos se hubieren enajenado a partes relacionadas.
  1. Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la existencia de enajenación de bienes en la que se involucre la segregación de los derechos sobre su propiedad sin considerar dicha segregación al determinar el costo comprobado de adquisición.
  2. Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la modificación en el tratamiento de la deducción de inversiones previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, antes de que se haya realizado al menos el 50 por ciento de la deducción.
  3. Obtenga pérdidas fiscales y se adviertan deducciones cuya contraprestación esté amparada con la suscripción de títulos de crédito y la obligación adquirida se extinga mediante una forma de pago distinta a las previstas para efectos de las deducciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

De las fracciones debemos de entender claramente el tema de partes relacionadas; el tratamiento de las deducciones y el costo comprobado de adquisición estos señalados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

SE REFORMA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES A FIN DE SIMPLIFICAR EL PROCESO DE CIERRE DE UNA EMPRESA

El pasado 24 de enero del año en curso, se publicó en el Diario Oficial un decreto mediante el cual la Secretaría de Economía (SE) da a conocer que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En el documento emitido se establece que las sociedades podrán disolverse por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes, además se adiciona el artículo 249 BIS en el cual se establecen los requisitos que se deben cumplir para lograr la disolución de una sociedad, los cuales son:

• Ser una sociedad conformada exclusivamente por socios o accionistas considerados personas físicas;
• No ser una sociedad cuyo objeto sea ilícito o ejecute habitualmente actos considerados ilícitos;
• Haber publicado en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) el aviso de inscripción en el libro especial de los socios o registro de acciones, por lo menos 15 días hábiles previos a la fecha de la asamblea mediante la cual se acuerde la disolución;
• No haber emitido facturas en los últimos dos ejercicios fiscales;
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social;
• No poseer obligaciones pecuniarias con terceros;
• Que los representantes legales de la sociedad no se encuentren sujetos a procedimientos penales por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales;
• Que no se encuentren en concurso mercantil, y
• No ser una entidad integrante del sistema financiero, en los términos de la legislación especial aplicable.

Esta reforma establece un procedimiento simplificado de disolución y liquidación, el cual únicamente se dirigirá a aquellas empresas que se ubiquen en casos específicos y que cumplan con condiciones claras, mismas que se encuentran marcadas en el artículo recién adicionado 249 BIS1 y son:

1. La totalidad de los socios o accionistas acordarán mediante asamblea la disolución y liquidación de la sociedad, declarando bajo protesta de decir verdad, que cumplen con las condiciones a que se refiere el artículo 249 Bis de la LGSM y procederán al nombramiento del liquidador.
Este acuerdo deberá suscribirse por todos los socios o accionistas, constar en acta de disolución y liquidación y publicarse en el PSM.
2. Una vez publicado el acuerdo, la SE verificará que el acta de disolución y liquidación de la sociedad sea procedente y la enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público de Comercio (RPC).
3. Así, los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, libros, documentos y títulos de las acciones de la sociedad a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación.
4. Posteriormente, el liquidador llevará a cabo la distribución del remanente del haber social entre los socios o accionistas de forma proporcional a sus aportaciones, si es que lo hubiere, en un plazo que no excederá los 45 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación.
5. Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance final de la sociedad en el PSM, que en ningún caso podrá exceder a los 60 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación.
6. Finalmente, la SE realizará la inscripción de la cancelación del folio de la sociedad en el RPC de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 Bis 1 del Reglamento del RPC y notificará a la autoridad fiscal correspondiente.

Además se señala que en caso de que los socios o accionistas faltaren a la verdad durante el procedimiento simplificado de disolución y liquidación, éstos responderán frente a terceros, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido en materia penal.

La entrada en vigor de estas nuevas disposiciones será en el mes de junio del año en curso.